Publicado por: Cristina Muñoz |TW @CrisMz0
25 de marzo de 2017
Tras una trama de poco más de diez años en la que la autoridad federal antimonopolio llevó a cabo una exhaustiva investigación que involucró a seis empresas farmacéuticas en un caso de colusión para alterar los precios en licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el expediente sigue abierto.
El IMSS demandó a seis poderosos laboratorios de la industria farmacéutica por haberle causado un daño patrimonial de 620 millones de pesos, luego de que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) determinó que se habían conformado en “cárteles” para defraudar al instituto.
En medio de un pleito legal a través de una década, el IMSS no ha logrado recuperar más de 600 millones de pesos que dice haber perdido con las licitaciones que entregó a las empresas farmacéuticas entre 2002 y 2007.
Mientras tanto, cinco de los seis laboratorios denunciados en juzgados federales han recibido, desde 2010, del mismo instituto que los tiene demandados, casi 13,000 millones de pesos en licitaciones, muchas de ellas por adjudicación directa, incluidas tres licitaciones proyectadas para su ejecución en 2019 por 155 millones de pesos.
LA HISTORIA
En 2006, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recibió informes del Instituto Mexicano del Seguro Social que prendió las alarmas sobre licitaciones públicas de medicamentos.
Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, encabezó una indagatoria de oficio para determinar “patrones de colusión” en un grupo de empresas farmacéuticas que habían obtenido contratos de licitación por venta de insulina y soluciones electrolíticas.
La investigación abarcó un periodo de seis años a partir de 2002 y el resultado derivó en un escándalo que cimbró al sector salud: seis empresas farmacéuticas se habían conformado en un par de “cárteles” para venderle a sobreprecio al IMSS dos de los productos más utilizados en los hospitales de la dependencia.
“Observamos que seis empresas en total participaban en dos diferentes cárteles: uno justamente para la insulina y otro para los sueros”, dice Carlos Mena en entrevista con Newsweek en Español.
Probiomed, Cryopharma, Eli Lilly, Baxter, Fresenius Kabi y Laboratorios Pisa, este último con participación en ambos “cárteles”, habían defraudado al IMSS por 620 millones de pesos al vender con sobreprecio dos tipos de medicamentos.
Los primeros tres laboratorios, incluido Pisa, vendieron la insulina con un sobreprecio de 57.6 por ciento, lo que habría causado un daño patrimonial al IMSS de alrededor de 500 millones de pesos. En el caso de Baxter, Fresenius Kabi y Laboratorios Pisa, el daño patrimonial habría sido de poco más de 120 millones de pesos por haber vendido suero con un sobreprecio de 23 por ciento. “Solo Laboratorios Pisa participaba en los dos (cárteles)”, precisa Carlos Mena.
Al concluir la investigación, la Cofece resolvió “sancionar a los laboratorios y a los funcionarios que participaron en el acuerdo”, dice Mena, un proceso que llevó alrededor de ocho años luego de que las empresas farmacéuticas impugnaran el fallo y recurrieran a la Suprema Corte.
Los ministros establecieron en 2010 y 2015 que los fallos de la Cofece eran correctos y se ejecutó una sanción que en conjunto sumó poco más de 150 millones de pesos.
En 2015 la Cofece informó en un comunicado que la Corte había confirmado que los laboratorios Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa realizaron “prácticas monopólicas absolutas” en los procesos de licitación de insulina y sueros del Seguro Social entre 2003 y 2006, y que la sentencia reconocía como prueba la investigación que había realizado la Cofece.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la legalidad de la resolución que emitió la extinta Comisión Federal de Competencia Económica en 2010, en contra de las empresas farmacéuticas Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa por cometer prácticas monopólicas absolutas, consistentes en acuerdos colusorios en los procesos de licitación de dos grupos de medicamentos: (i) insulina humana; y, (ii) soluciones electrolíticas y sueros (que incluyen agua inyectable, cloruro de sodio, cloruro de sodio y glucosa, glucosa y solución Hartmann) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2003 y 2006.
“La colusión consistió en acuerdos entre estas empresas para establecer, concertar y coordinar posturas en licitaciones públicas con el objeto de repartirse los contratos concursados, lo cual se pudo detectar a través de un análisis económico respecto de los resultados de las licitaciones realizadas durante 2003 y 2006.
“Esto tuvo por consecuencia un incremento artificial de los precios de la insulina y sueros. La coordinación entre los competidores se vio favorecida por ciertas condiciones de mercado tales como la homogeneidad de los bienes licitados, la frecuencia de las convocatorias, la asignación de múltiples contratos, la descentralización de las adquisiciones y el intercambio de información entre las empresas involucradas”.
A partir de las dos resoluciones de la corte, el IMSS decidió demandar a las empresas farmacéuticas por más de 600 millones de pesos en juzgados federales.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en firme las resoluciones de la Autoridad de Competencia y reconoce el daño generado a las finanzas públicas, y es precisamente por ese daño que el IMSS tiene los elementos para poder demandar por vía de daños y perjuicios estas cantidades”, dijo en octubre pasado Patricio Caso, director de Vinculación Institucional y quien meses antes había ocupado la dirección jurídica del IMSS.
La Cofece calcula que con los recursos con los que las farmacéuticas habrían defraudado al IMSS, el instituto podría haber adquirido 727 ambulancias, 2168 incubadoras o 47 unidades de tomografía.
A partir de dos resoluciones de la corte, el IMSS decidió demandar a las empresas farmacéuticas por más de 600 millones de pesos en juzgados federales. Foto: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO
LOS CONTRATOS
Durante los últimos siete años, el IMSS ha otorgado contratos con un valor de casi 13,000 millones de pesos a cinco de las seis empresas farmacéuticas investigadas.
Probiomed, Cryopharma, Baxter, Fresenius Kabi y Laboratorios Pisa siguieron ganando licitaciones públicas del IMSS y algunas se vieron beneficiadas por millonarias adjudicaciones directas.
Probiomed ha obtenido 238 contratos entre 2013 y 2017, de los cuales 228 han sido por adjudicación directa, nueve fueron licitaciones públicas y una por invitación a por lo menos tres proveedores. En total, el IMSS se comprometió a pagar a la empresa poco más de 481 millones de pesos.
De acuerdo con información oficial del IMSS, solo en el caso de Probiomed se establece con claridad que la empresa continuó vendiendo insulina al Seguro Social en 2013 y 2016.
Laboratorios Cryopharma obtuvo un total de 171 millones de pesos distribuidos en cincuenta contratos entre 2010 y 2014, treinta de ellos por adjudicación directa y veinte por licitaciones públicas.
Fresenius Kabi obtuvo 455 millones de pesos entre 2013 y 2017 por la firma de 220 contratos con el IMSS, 217 por adjudicación directa y solo tres por la vía de la licitación pública.
Baxter, uno de los principales proveedores del IMSS, mantiene récord de contratos y ganancias entre 2013 y 2017, con un monto que supera los 8,200 millones de pesos distribuidos en 1708 contratos, 1015 por adjudicación directa y 687 por la vía de las licitaciones públicas. Solo cuatro de los contratos fueron por invitación a por lo menos tres proveedores y dos por la vía de la compra emergente.
Laboratorios Pisa, señalado por la Cofece por haber participado en los dos cárteles que defraudaron al IMSS por 620 millones de pesos, ha mantenido contratos con el instituto por lo menos desde 2013 y mantiene montos comprometidos hasta 2019.
En total, entre 2013 y 2019, Laboratorios Pisa se ha beneficiado de 339 contratos del IMSS, 263 por adjudicación directa, 71 por la vía de la licitación pública y cinco por invitación a por lo menos tres proveedores. La suma de lo obtenido por los 339 contratos da un total de 3,350 millones de pesos, incluidos 155 millones por pago de insumos en 2019.
De acuerdo con la información oficial del IMSS, Eli Lilly es la única empresa de las seis —que de acuerdo con la Cofece se habrían coludido para defraudar al instituto—, que no aparece como beneficiaria de contratos en el sistema electrónico del Seguro Social.
Mikel Arriola, director del IMSS, y José Narro, secretario de Salud, durante el evento donde se dio a conocer el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos 2017. Arriola se negó a hablar para este reportaje. Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO
LOS OTROS “CÁRTELES”
En entrevista con Newsweek en Español, la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, reflexiona sobre la investigación que realizó la dependencia.
“Esa investigación se llevó a cabo hace años. La autoridad de competencia emitió su resolución final y durante muchos años hubo un amparo. Finalmente acabó en una sanción muy grande”, dice la funcionaria en alusión a los 150 millones de pesos que tuvieron que pagar los seis laboratorios sancionados, independientemente de las demandas que el IMSS interpuso en su contra.
“Un cártel económico practica la colusión cuando los competidores se ponen de acuerdo para manipular los precios y segmentar el mercado. Las prácticas monopólicas absolutas pudieran sancionarse por dos vías. Por la vía administrativa, que es lo que tramita la Comisión Federal de Competencia Económica, y por la vía penal, porque desde 2011 en el Código Penal Federal las prácticas monopólicas absolutas o los cárteles económicos pudieran ser delitos penales”, dice Palacios.
Sobre el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social continúe otorgando licitaciones a cinco de las seis empresas farmacéuticas sancionadas y en proceso de demanda, la comisionada presidenta de la Cofece dijo que la posible inhabilitación de una empresa no necesariamente se deriva de la conformación de “cárteles” empresariales.
“La colusión no necesariamente tiene como sanción la inhabilitación; ahorita lo que hay son denuncias que se están investigando (en juzgados federales); habría que revisar si una sanción de la comisión amerita una inhabilitación, eso no está en la ley.
“Es importante distinguir que nosotros no somos la autoridad anticorrupción; cuando nosotros hacemos estas investigaciones lo que estamos persiguiendo es colusión, es decir, si los proveedores se pusieron de acuerdo entre ellos como competidores para venderle más caro a las instituciones del sector salud”, dijo la funcionaria federal.
El director general del IMSS, Mikel Arriola, un viejo conocido de la industria farmacéutica desde que era titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre 2011 y 2016, se negó en reiteradas ocasiones a hablar con Newsweek en Español sobre la demanda que sostiene el Seguro Social en contra de las seis farmacéuticas y de los contratos que la dependencia ha seguido otorgando a las empresas.
Las autoridades del IMSS han optado por el silencio, y solo ante la insistencia fue que el director jurídico del Seguro Social fijó una ambigua posición frente al tema de los “cárteles” de la industria farmacéutica y las demandas por daño patrimonial que mantienen en contra de los laboratorios.
Se está “ejerciendo una estrategia judicial derivada de la resolución de la Cofece y de la Corte”, dijo el director jurídico del IMSS, Manuel Mac Farland González.
Sobre el otorgamiento de los contratos millonarios que han seguido ganando cinco de los seis laboratorios, Mac Farland González simplemente se amparó en la ley que no les impide a las empresas participar en los concursos de licitación.
“Para que el instituto deje de recibir o adjudicar contratos, alguna autoridad competente debe de emitir una resolución expresa que le impida como sanción o como medida a una determinada empresa participar en algún procedimiento. El instituto no puede rechazar alguna proposición conforme a la ley de adquisiciones si no hay esta resolución de la autoridad competente que prohíba participar o adjudicar”, dijo el funcionario.
En ese mismo sentido se pronunció Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), quien asegura que las averiguaciones por las denuncias no han sido concluyentes.
“En primer lugar diría que ese es un asunto añejo con más de diez años dándole vueltas y hasta ahora no se ha llegado a una decisión definitiva”, dice el empresario.
Gual Cosío justifica la entrega de contratos que prácticamente alcanzan los 13,000 millones de pesos que el IMSS ha seguido otorgando a cinco de las seis empresas involucradas en “colusión” para defraudar al Seguro Social, de acuerdo con los resolutivos de la Cofece.
“Por supuesto, son proveedores de gobierno desde siempre y lo siguen haciendo”, dijo, y aseguró que incluso continúan vendiendo los mismos insumos que, de acuerdo con la Cofece, habrían sido objeto de sobreprecio.
“Siguen surtiendo y hasta los mismos productos”, concluyó el director general de Canifarma.
Newsweek en Español buscó a los directivos de Probiomed, Cryopharma, Baxter, Fresenius Kabi y Laboratorios Pisa, los cinco laboratorios farmacéuticos que obtuvieron contratos del IMSS luego de las denuncias del instituto, pero no fue posible obtener alguna declaración sobre la trama de corrupción en la que están involucrados.
