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viernes, 17 de abril de 2020

Sistema de sanidad de EEUU, un obstáculo para la lucha eficaz contra el Covid 19 [sputnik 2020]

Sputnik 
10 de abril de 2020

El aumento vertiginoso del número de casos del COVID-19 y muertes relacionadas con el coronavirus ha puesto a prueba el sistema sanitario de EEUU, ya que decenas de millones de personas corren el riesgo de no tener el tratamiento adecuado o hasta de quedarse sin atención médica. 

En una entrevista con Sputnik, los científicos y expertos en política de salud estadounidenses explicaron cómo una parte sustancial de la población de EEUU se ha encontrado en una situación tan desesperada.

¿Por qué el sistema híbrido de seguros de salud obstaculiza la lucha contra el COVID-19?

La pandemia del COVID-19 ha afectado rápidamente a EEUU, convirtiéndolo en el país del mundo con más casos confirmados de coronavirus —más de 400.000 infectados— y el tercer Estado en cuanto al número de muertes relacionadas con el coronavirus.
La pandemia también ha cortado las cadenas de suministro y dio lugar al cierre de un gran número de pequeñas y medianas empresas, algo que provocó que casi 10 millones de personas presentaron reclamos de desempleo.

EEUU es el único país de las 33 naciones industrializadas avanzadas que no ofrece una cobertura médica universal a todos sus ciudadanos, independientemente de su capacidad para pagar. Los expertos estadounidenses en política sanitaria han explicado cómo afecta el sistema de seguro de salud de EEUU su capacidad para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

¿Cómo funciona el sistema de seguros de salud en EEUU?

Los estadounidenses pueden acceder a la atención médica a través de un híbrido de programas de seguro federales, estatales o de financiación privada. Sin embargo, este mosaico tiene una brecha de 27 millones de personas sin seguro, abandonadas a su suerte en plena crisis de COVID-19. El aumento del desempleo, causado por las perturbaciones económicas relacionadas con el coronavirus tampoco lo hace más fácil, ya que muchos pierden tanto su trabajo, como sus planes de seguro médico.

Durante la última década, las autoridades de EEUU han intentado ampliar la cobertura de atención médica. De acuerdo con el estudio realizado por Kaiser Family Foundation (KFF), la mayoría de las personas sin seguro son familias de bajos ingresos con al menos un miembro de la familia que trabaja. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) implementada por Barack Obama ayudó a expandir el programa Medicaid y, por consecuencia, reducir el número de personas sin seguro desde 46,5 millones en 2010 hasta menos de 26,7 millones en 2016. Sin embargo, en los años posteriores, el número de individuos no asegurados de la edad no avanzada comenzó a aumentar constantemente, llegando a 27,9 millones en 2018.

"Estas son las cifras nacionales que reflejan la implementación de la ACA, que se firmó en 2010 y entró en plena vigencia en 2014", explicó Anthony Wright, director ejecutivo del grupo de defensa Health Access California.

De acuerdo con Wright, el creciente número de personas no aseguradas pudo haberse originado en una serie de medidas adoptadas por la Administración Trump, en particular:

  • La reducción del período de inscripción abierta para los mercados administrados a nivel federal;
  • La ampliación de la disponibilidad de los denominados planes basura, que no cumplen con las reglas de la ACA;
  • Ahora es más difícil para las personas permanecer en el Medicaid a través de los requisitos de trabajo, agregó el experto.


Mientras tanto, el estudio de Kaiser Foundation demostró cuáles son los grupos de ciudadanos estadounidenses que no tienen ningún plan de seguro médico. En particular, el 45% de los adultos sin seguro admite que la cobertura médica es demasiado costosa, mientras que muchos no tienen acceso a ella a través del trabajo.

Algunos ciudadanos, que viven en los estados que no ampliaron el Medicaid no son elegibles para recibir asistencia financiera. Al mismo tiempo, hay quienes que sí son elegibles, pero simplemente no están al tanto de que pueden obtener ayuda, y algunas personas no pueden solicitar la ACA, ya que tienen ingresos por encima del nivel necesario como para recibir asistencia financiera.

"Sin acciones adicionales, las personas sin seguro se mostrarán renuentes a pasar por las pruebas y el tratamiento que necesitan, por temor a consecuencias financieras", subrayó Wright, quien agregó que "esto no solo afecta a estos pacientes y sus familias, sino también a la capacidad de nuestra salud pública para sacarnos de esta crisis".

Los estadounidenses sin seguro apenas pueden permitirse el tratamiento del COVID-19

Los problemas crónicos en la organización del sistema de salud en EEUU lo dejan particularmente mal preparado ante una pandemia como la del COVID-19, afirma el profesor Timothy Jost, de la escuela de derecho de la Universidad Washington&Lee.

Actualmente, los estadounidenses de edad avanzada —de 65 años o más— y algunas personas más jóvenes con discapacidad están asegurados a través del programa nacional Medicare, mientras que las personas pobres tienen acceso a los seguros del programa federal y estatal Medicaid.

Sin embargo, los planes de seguro de Medicaid son diferentes en distintos estados, y aproximadamente un tercio de ellos no cubre a muchos adultos de bajos ingresos, señaló el profesor. Y mientras que algunos de los ciudadanos se pueden permitir los planes de seguro de salud individuales, "casi la mitad de los estadounidenses está cubierta a través de su empleo", agregó.

El problema es que, mientras que 27 millones de personas no tienen seguro médico, millones más pierden tanto su empleo como su cobertura de salud, subrayó Jost.

Pese a que las pruebas de coronavirus ahora son gratuitas para todos los ciudadanos gracias a una ley recientemente aprobada por el Congreso de EEUU, ningún plan de seguro comprende las sumas casi astronómicas a las que se puede enfrentar una persona infectada por COVID-19 durante el tratamiento. De acuerdo con un análisis realizado por la organización independiente sin fines de lucro FAIR Health, en este caso, un estadounidense sin seguro tendría que pagar alrededor de 73.300 dólares por 6 días en el hospital.

"Los hospitales suelen proporcionar pruebas y tratamiento a las personas sin seguro, pero luego, pueden cobrar por los servicios que brindaron, lo que lleva a los pacientes a la bancarrota", explicó el científico.

El precio inflado de la atención médica también duele
Incluso las personas aseguradas no se sienten lo suficientemente seguras, ya que los altos costos de los artículos no cubiertos por el seguro siguen siendo altos. Según Gallup, en 2019, el número récord de 25% de los estadounidenses tuvo que posponer el tratamiento de una enfermedad grave y, un 8%, el de una condición médica más leve, debido a su costo.

"La mayoría de las coberturas de seguro médico cuenta con los llamados costos compartidos, de modo que los pacientes a menudo terminan pagando parte del tratamiento, aunque hasta el momento, esto no afecta a las pruebas", declaró Jost. 

El analista agregó que "muchos estadounidenses con alto porcentaje de costos compartidos evitan pasar por el tratamiento hasta en tiempos normales, y en una crisis económica como la actual, esto se vuelve aún más problemático".

El tratamiento del COVID-19 tendrá un precio bastante alto incluso para los estadounidenses que tienen seguros, de acuerdo con el estudio de FAIR Health, puesto que los gastos de bolsillo de los clientes de los proveedores de la red pueden ascender a entre 21.936 y 38.755 dólares, en función del porcentaje de costos compartidos de su programa de salud. No obstante, en caso de que su compañía de seguros considere que el tratamiento no forma parte de su red, los costos pueden alcanzar hasta los 74.000 dólares. Y no es que el tratamiento del COVID-19 sea algo exclusivo: el hecho es que la atención médica es bastante costosa en EEUU.

Hace 3 años, Ester Bloom, de CNBC, calculó cuánto gastaba en atención médica un estadounidense promedio y descubrió que los costos anuales por persona en 2017 eran 9 veces más altos que en 1960. De acuerdo con los datos de eHealthInsurance, las primas de los seguros para las personas no subsidiadas alcanzaron los 440 dólares al mes, mientras que el deducible anual para planes individuales llegó a 4.578 dólares.

En general, los estadounidenses pagaron 3.600 millones, o 11.172 por persona, por atención médica en 2018, según datos de los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), algo que es más del doble del promedio per cápita en otros países desarrollados. Estas cifras crecerán un 5,4% al año y alcanzarán 6.200 millones para 2028.

El CMS informó también de que la mayor parte del gasto total en atención médica es financiado por el Gobierno federal (28,3%) y los hogares (28,4%), mientras que las empresas privadas, los gobiernos estatales y otros ingresos privados constituyen el 19,9%, el 16,5% y el 6,9%, respectivamente.

"A pesar de las numerosas reformas de la política de salud, los precios en la industria sanitaria son la razón principal por la que EEUU gasta más en la atención sanitaria", indicó Wright. El experto subrayó que "el precio inflado de la atención médica no tiene que ver con el costo de la atención ni de su calidad o resultados. En algunos casos, están más relacionados con la consolidación desenfrenada dentro del sistema sanitario, mientras que otros fallos del mercado también aumentan los costos". Se trata de facturas médicas que llegan por sorpresa o de los fabricantes de medicamentos que arrinconan al mercado de genéricos, por ejemplo. "Esencialmente, los consumidores no son capaces de negociar el costo de la atención, y tampoco tienen una posibilidad de darse una vuelta para comparar precios o decir no a la atención necesaria", explica.

Ahora que EEUU se enfrenta a una crisis pandémica sin precedentes, es tiempo de "reconocer que la atención médica no es un producto, sino un sistema que necesita inversiones", subrayó el experto.

"Nuestro sistema de salud es más fuerte cuando todos están incluidos, y esto es aún más cierto durante una pandemia", concluyó.

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jueves, 22 de agosto de 2019

Sistema de salud: el reto de la austeridad de AMLO

Nayeli Meza e Imelda García

El gobierno se ha propuesto crear un nuevo sistema de salud público universal con el objetivo de que todos los mexicanos puedan acceder a servicios médicos básicos, sin embargo, este proyecto podría comprometer de manera considerable los recursos del paquete económico del próximo año

Reporte Indigo - Ago 22, 2019
El sistema de salud es un paciente en agonía. El diagnóstico médico para cambiar su actual estado incluye un cuidadoso procedimiento quirúrgico y una poderosa inyección financiera. Sin embargo, el principal problema es que estas medicinas son muy costosas para un gobierno que cuenta con recursos limitados.
Las enfermedades del sistema se relacionan con una baja inversión que está destinada incorrectamente a las necesidades básicas de los mexicanos.
Por principio, el dinero que se destina en salud equivale al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que entre los países de la OCDE el monto promedio es de 9 por ciento
Además, el gasto público se concentra principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que brinda servicio a seis de cada 10 mexicanos, mientras que la Secretaría de Salud (SSA) es responsable del Sistema Nacional de Salud; juntas absorben aproximadamente 70 por ciento del presupuesto en esta materia.
Similar a la responsabilidad de los médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO ingresó al quirófano para detener la hemorragia del paciente: el Instituto de Salud para el Bienestar, el nuevo organismo que sustituirá al Seguro Popular y operará de forma directa con los sistemas de salud que en la actualidad se encuentran a cargo de los gobiernos locales.
Sin embargo, la creación de este instituto puede convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno al tomar en cuenta los recursos que se le deberán destinar para su creación y mantenimiento.
Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), considera que un nuevo sistema de salud siempre será bienvenido, pero en este momento existen muchas interrogantes sobre cómo se va a financiar.
“El sector lleva años en coma y su estado es delicado, y aunque el gobierno puede tener buenas intenciones existe una contradicción, pues más allá de la buena intención se desconoce cómo va a funcionar este esquema. Una mala ejecución podría provocar no solo un mayor daño a las finanzas públicas, también abrir más la brecha con quienes no cuentan con cobertura médica”, detalla el especialista.

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Medicina nueva para enfermedades viejas del sistema de salud

La consolidación de un nuevo sistema de salud será el principal reto presupuestario para el paquete económico 2020 (PEF 2020).
Con la promesa de no subir ni crear impuestos, situación que limita los ingresos ya existentes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere echar a andar la universalización de la salud en el país.
Los nuevos programas sociales, que también consumen grandes cantidades de dinero, complican el futuro de los planes de salud del inquilino de Palacio Nacional.
El Gobierno federal ha argumentado que se trata de un esfuerzo sin precedentes por apoyar a los que menos tienen; no obstante, algunos especialistas consideran que la transición ha provocado efectos adversos a la población de escasos recursos.
El gran desafío de la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Herrera y de los diputados federales será fondear un sistema de salud universal obteniendo dinero de ahorros vía el programa de austeridad
El actual sistema de salud se encuentra al borde del colapso. En voz de expertos, de seguir por esta vía, en poco tiempo se presentará una crisis por los gastos catastróficos que traerán enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y los males cardíacos.
La creación del nuevo sistema de salud recae en una iniciativa presentada por Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, quien propuso reformar la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Dentro de los puntos considerados en la iniciativa están que la Secretaría de Salud debe dar servicios gratuitos; se garantizará que habrá recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, nunca podrá asignársele menos que el año anterior y se generará un Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.
En esta iniciativa se contempla también la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que será un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Salud; así como la instauración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
También se establece que una persona perderá los servicios de salud gratuitos cuando se afilie a alguna institución de seguridad social.
A pesar de tener mayoría en el Congreso de la Unión, Morena deberá negociar con las otras fuerzas políticas si quiere que la aprobación de esta ley sea por consenso.
Algunos temas, como la manera en que se fondeará todo el nuevo sistema y los mecanismos de rendición de cuentas, enfrentan resistencias no solo entre los otros grupos parlamentarios, sino con organizaciones de la sociedad civil.

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Enfrentar resistencias al cambio del sistema de salud

Todos los grupos parlamentarios reconocen la importancia de tener un sistema de salud eficiente y que atienda a la mayor cantidad de personas con la mejor calidad posible, sin embargo, no todos coinciden en la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno planean hacerlo.
Esto se debe a que antes de echar a andar el nuevo sistema de salud, se cancelaron programas que otorgaban servicios a grupos vulnerables y a población que no está afiliada a la seguridad social, sea el IMSS o el ISSSTE.
El más grande programa de salud que se canceló fue el Seguro Popular, que en 2017 atendía a más de 53 millones de mexicanos.
Para crear el Instituto de Salud para el Bienestar se canceló el Seguro Popular, que en 2017 atendía a más de 53 millones de mexicanos
Otro de los programas que sufrió el mismo destino fue Prospera, en su componente de Salud, que acercaba servicios de salubridad a comunidades marginadas.
En el caso del Seguro Popular se cubrían más de 200 padecimientos y funcionaba bajo un esquema de financiamiento en el que la Federación canalizaba recursos a los estados a cambio de que las propias entidades destinaran dinero propio para su sistema de salud.
Ahora, el nuevo sistema de salud será dependiente del Gobierno federal, situación que implica que no solo las decisiones, sino el destino de los recursos, estarán en manos del Ejecutivo para evitar los malos manejos
Para Janet Oropeza, investigadora de la división de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la centralización del nuevo sistema de salud no garantiza que la corrupción sea erradicada.
“Es importante que, desde el inicio, la iniciativa de ley establezca un fuerte esquema de rendición de cuentas en áreas de riesgo como las contrataciones, las compras y la integración de padrones de derechohabientes”, expuso Oropeza en las audiencias públicas para la construcción del nuevo sistema de salud.
Los partidos de Oposición se han mostrado reticentes a apoyar incondicionalmente la propuesta presidencial, sobre todo después de la cancelación del Seguro Popular y los recortes que han sufrido las instituciones de salud.
Para Antonio Ortega Martínez, diputado por el PRD, lo más reprobable de todo el proceso fue la cancelación del Seguro Popular.
El legislador se pronunció porque el nuevo sistema siga al menos una de las directrices que tenía el programa de pedir una cuota a quienes reciban beneficios del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
Desde el PAN también se han levantado las alarmas. Marko Cortés, presidente nacional del blanquiazul, pidió al Gobierno federal no cancelar el Seguro Popular y mejorar el esquema creado en el gobierno de Vicente Fox.
“El hecho de que desaparezca levanta una alarma en México, ya que dentro de las carencias, la que más se redujo fue la del acceso a servicios de salud, precisamente gracias al Seguro Popular”, afirmó Cortés en un pronunciamiento.
Frinné Azuara Yarzábal, diputada por el PRI, ha defendido el esquema del Seguro Popular afirmando que no nació corrupto, sino que se descompuso por las acciones de personas que trabajaron en él.
Las organizaciones de la sociedad civil también se han mostrado reticentes a apoyar el proyecto presidencial de consolidación de los servicios de salud.
Uno de los puntos más cuestionados es la centralización, pues decenas de organizaciones civiles llevan a cabo labores para las que el sector salud no tiene capacidad y lo hacían con los recursos públicos que recibían.
Una reconfiguración en el sector salud puede abrir grietas y dar pie a que ocurran actos de corrupción si no se establecen los lineamientos básicos de transparencia
Luis Adrián Quiroz Castillo, cofundador de la asociación Red de Acceso, llamó la atención sobre el dinero que se ha recortado a las organizaciones, motivo por el que no han aplicado más de 2 mil 500 pruebas de VIH a personas vulnerables.
Este 30 de agosto se tiene planeada una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para comenzar el proceso de dictaminación de la reforma en salud, pues deberá estar aprobada antes de noviembre próximo para poder operar la construcción del Presupuesto de Egresos del 2020.

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¿Obamacare mexicano?

La Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (Affordable Care Act), mejor conocido como el ObamaCare, fue una reforma de salud firmada por el presidente Barack Obama el 23 de marzo de 2010, que permitió mejorar el acceso a la salud de los cuidados y disminuyó el gasto mediante regulaciones e impuestos. Con la llegada de Donald Trump se echó para atrás.
Aunque el mandatario mexicano ha insistido en que su gobierno aspira a implementar un modelo de salud similar al de Dinamarca, la realidad es que existen algunas similitudes con las del expresidente estadounidense.
Por principio, ofrecen un número de nuevos beneficios, derechos y protecciones a los ciudadanos con respecto al cuidado de su salud; garantizan cobertura médica en todos los estados, y permiten la entrada de nuevos profesionistas al campo laboral.
Héctor Villarreal, director general del CIEP, opina que más allá del nuevo sistema de salud, lo importante es no dejar de lado los temas prioritarios en la agenda médica.
“La reconfiguración del sector no solo es posible, es necesaria. Hay cosas a favor, como cuando se habla de crear las redes de apoyo, pero las cuentas de financiamiento quedan completamente ajenas. Fuera de estos temas, no se debe perder que el ciudadano es quien debe quedar al centro para que se le garantice un servicio médico de calidad”.
La apuesta del gobierno es diseñar un sistema similar al de Dinamarca, pero existen algunos puntos de coincidencia con el proyecto que implementó el expresidente norteamericano Barack Obama

Viejos, enfermos y pobres

El promedio de vida de los mexicanos es de 75.2 años, de acuerdo con estimaciones del INEGI, pero una investigación realizada por la revista Nature prevé que para 2050 la edad de las personas podría alcanzar un máximo de 120 años.
Al mirar las condiciones que en este momento ofrece el sistema de salud el futuro es poco alentador, pues México corre el riesgo de convertirse en un país con una tasa de envejecimiento muy alto y con una población, en su mayoría, sin pensiones.
El sistema se salud mexicano está enfermo de burocracia y esta situación no cambiará en el largo plazo.
La idea del presidente López Obrador de impulsar un nuevo esquema va de la mano no solo de llegar a los más de 20 millones de mexicanos que no pueden acceder a cobertura médica, también pretende atacar de manera frontal el tema de la corrupción en el sector.
Desde hace años, al sistema no se le han cambiado sus vendajes y asegurar calidad y atención de los servicios primarios es complicado.
Actualmente más de 10 por ciento de los gastos públicos de la industria se destinan a pagos administrativos, situación que ha provocado un importante boquete en las finanzas de este ramo.
En el ejercicio fiscal de este año, se destinaron 3 billones 311 mil millones de pesos para contribuir con el bienestar social.
De igual forma, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 se estimó un gasto destinado a la Secretaría de Salud de 123 mil millones de pesos, monto 3.2 por ciento menor al destinado el año anterior.
Uno de los grandes pendientes es el tema de los medicamentos, para este año el presupuesto aprobado para este rubro fue de 9 mil 417 millones de pesos, monto que equivale a 13 por ciento del presupuesto público del sector salud.
Sin embargo, los recursos sufrieron un recorte de 10.5 por ciento respecto a lo ejercido en 2013 para el mismo concepto.
Aunado a esto, los padecimientos de los mexicanos se agravan a causa del tiempo que deben aguardar para recibir atención médica en los centro de salud, que en la mayoría de los casos es de 90 minutos, pero en las zonas rurales se incrementa por la escasez de personal.

sábado, 22 de noviembre de 2014

LOS SISTEMAS DE SALUD EN MÉXICO, DIRIGIDOS HACIA LA PRIVATIZACIÓN | UAMeros

LOS SISTEMAS DE SALUD EN MÉXICO, DIRIGIDOS HACIA LA PRIVATIZACIÓN
Boletín UAM 346 - 21 de noviembre de 2014

*La atención a la salud tendría que darse de forma justa y equitativa, porque la salud no puede ser únicamente para los que pueden pagarla como sucede en la actualidad *El Seguro Popular no entraña el humanismo que debe existir en la atención médica porque la atención a la salud se encuentra restringida mediante un catálogo de prestaciones



En el país el derecho a la salud se encuentra estipulado en el marco constitucional, partiendo de esta base legal los sistemas de salud deben dirigirse hacia la socialización y no a la privatización al más puro estilo neoliberal como está sucediendo, esto contraviene la bioética que debería de regir en las políticas públicas en esta materia, consideró el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, profesor visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien recientemente obtuvo el Premio World Leader in Medical Sciences for the Benefit of Mankind 2014.

La Asociación Mundial para la Excelencia en Salud (AMES) otorga este premio a los más destacados profesionales e instituciones que lideran el campo médico internacional en reconocimiento a sus aportes médicos científicos, destacada labor, amplia trayectoria y logros obtenidos en busca de la excelencia de la salud; además de tal reconocimiento Álvarez Díaz recibió también el Premio a Mejor Trabajo de Investigación 2014 con el tema Bioética en las políticas públicas de salud.

En la disertación crítica que el experto en bioética realizó en su trabajo indica que figuras como el Seguro Popular no entrañan el humanismo que debe existir en la atención médica porque la atención a la salud se encuentra restringida mediante un catálogo de prestaciones en el que se determina quiénes tienen el derecho a ser cubiertos por esos servicios y quiénes no, esto indica que un asunto es la afiliación y otro muy distinto la atención a la salud a la que debía tener derecho la totalidad de los afiliados.
El médico y sexólogo clínico explicó en entrevista que si bien todas las esferas de la bioética de la salud (la micro bioética que tiene que ver con la relación clínica y las decisiones sobre el propio cuerpo; la meso-bioética que refieren las cuestiones legales y de políticas públicas, y la macro-bioética que trata cuestiones globales) tienen relevancia, en este momento la atención a la salud es crucial.

Cada nivel, detalló el investigador, debe cumplir desde el punto de vista teórico con aspiraciones bioéticas mínimas: la atención a la salud –dado que es un derecho– tendría que darse de forma justa y equitativa, porque la salud no puede ser únicamente para los que pueden pagarla como sucede en la actualidad.

En políticas públicas documentos globales que pugnan por alcanzar el máximo nivel de salud de una población –como la norma general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– deben formar parte de los marcos jurídicos de cada país para dirigirse a la consecución del objetivo.

Sin embargo, lamentó el académico, lo que puede observarse es que en el país las políticas públicas para la salud no cumplen con lo que a nivel global deberíamos de entender y a nivel local deberíamos de aspirar. A pesar de que en el marco vigente se dice que las Comisiones Estatales de Bioética pueden revisar desde el punto de vista bioético las políticas públicas de nuestro país, esto no ha sucedido.

No hay duda de que México a partir de los noventa ha buscado posicionar e instalar la bioética en el país, en 1992 nace la Comisión Nacional de Bioética, una iniciativa de relevancia porque estos organismos no existen en muchos países, también existe la exigencia legal –por modificación a la Ley General de Salud en 2011– de comités hospitalarios de bioética y de comités de ética de investigación, pero falta aún mucho por hacer porque estos comités no trabajan como debieran debido a la falta de una capacitación en bioética.

Para llevar esta iniciativa a buen término es necesario capacitar en materia de bioética a estos comités e incluir la bioética en programas de estudio de pregrado y posgrado del área de ciencias de la salud de las universidades públicas.

Asimismo, propuso el docente, en las universidades debe existir un comité de bioética para revisar proyectos de investigación, la UAM por su vocación laica, plural e inclusiva está convocada a ser pionera en el trascendente campo de la ética aplicada con la constitución de esta instancia, e idealmente incluir contenidos de bioética en la currícula, al menos de los programas vinculados con la salud.